Las tapias del Cementerio de La Almudena, de Madrid, se convirtieron al final de la guerra civil en un lugar de pesadilla y barbarie entre 1939 y 1944. Allí, el régimen franquista se dedicó a matar a todos sus enemigos ya fuera por delitos reales o inventados, para limpiar a España de rojos. En total, se dieron 2.936 fusilados. El infausto recuerdo de lo sucedido permanece en la memoria de aquellos que perdieron algún familiar en sus inmediaciones y debería serlo también para todos los españoles, un lugar tan significativo como las fosas Ardeatinas o las de Katyn. El franquismo no tuvo rubor en llevar a miles de personas ante el pelotón de ejecución (entre ellas las jóvenes conocidas como las 13 rosas) en su justicia al revés… acusando a estas personas de sediciosas por los mismos tribunales militares que se habían rebelado contra la legitimidad republicana. Finalmente, tras una muy larga espera, el ayuntamiento de Madrid, en manos progresistas, aprobó erigir un monumento conmemorativo, cuyas obras dieron comienzo el 12 mayo de 2019. Sin embargo, la derrota en las elecciones municipales trajo consigo un cambio al frente del consistorio, PP y Ciudadanos, con la aquiescencia de Vox, tomaban el mando. A escasas tres semanas de que el lugar pudiera abrir sus puertas, en julio pasado, los nuevos poderes decidieron paralizar y desmantelar parte del mismo, alegando que no cumplía las premisas del extinto Comisionado de Memoria Histórica, no honrar a “todas las víctimas del periodo bélico para evitar nuevos agravios”. De este modo, han retirado las placas de granito donde se recogen los nombres de los asesinados.
Para los familiares de las víctimas ha sido tremendo y humillante verlas en el suelo. Para Tomás Montero, presidente de la Asociación Memoria y Libertad, cuyo abuelo acabó allí ejecutado, “quieren borrar la misma parte de la historia que borró el franquismo”. Para el alcalde José Luís Martínez Almeida, la decisión es acertada porque el memorial no sigue los parámetros consensuados por los partidos, como eran levantar dos monumentos para las víctimas de cada uno de los dos bandos. Si bien, esto no ha hecho gracia a las asociaciones de la recuperación de la memoria al considerar que se igualaban las dos violencias. Por lo tanto, se ha decidido retirar los nombres de los fusilados. Para el concejal del PSOE, Ramón Silva, lo que se pretende con ello es lo de siempre, blanquear “el franquismo y la dictadura fascista”. Y añadió que también el Comisionado recomendó erigir un centro de interpretación de la cárcel de Carabanchel, por ejemplo, y sobre esto no se ha dicho nada. Las autoridades municipales consideran que la decisión de retirar las placas es una cuestión pragmática y de sensibilidad ya que entre ellos también se incluían 335 miembros de checas (los centros de represión en la zona republicana). Si bien, a tenor de que la justicia del franquismo fue totalmente ciega y distorsionada, no necesariamente estos eran criminales de guerra, puesto que tampoco se les juzgó de forma legal. Y, en todo caso, lo que el memorial establece es la política de la venganza del franquismo. Organizaciones vinculadas a la recuperación de la memoria histórica, sindicatos y distintos movimientos sociales se concentraron el pasado martes, día 26, frente al palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento madrileño, para protestar contra esta medida y exigir la conclusión de las obras. Por su parte, el concejal Ramón Silva tramitaba una petición para que el responsable del área de memoria, Borja Fanjul, explique las políticas de memoria que están desarrollando desde el consistorio. Si es que están llevando a cabo alguna, aparte de desmontar las iniciativas de Más Madrid.
Es evidente que, de nuevo, el tema de la memoria histórica solivianta y despierta suspicacias. Mientras que, en Euskadi, el PP tiene muy claro que no puede haber dos memorias sobre la violencia, sino una, la de las víctimas de ETA, en lo tocante a la cuestión de la memoria de la guerra civil es menos concluyente: deben darse ambas. Por supuesto, la cuestión vasca es muy diferente de la relativa a la violencia que arrasó España. La violencia terrorista no es equivalente a la franquista, ni la violencia parapolicial de los GAL y otros grupos a la republicana, pero siempre hay que reconocer ambas, aunque graduando su relevancia. Ahora bien, desde que se aprobara la Ley de Memoria Histórica (2007), la actitud del PP y, luego, de Ciudadanos, ha sido la de poner trabas sin aportar soluciones. El reproche al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que había cosas más importantes para el bien general que la exhumación de Franco fue la gota que colmó el vaso de una actitud pueril y vergonzosa. Venían a decir que agua pasada no mueve molino, pero también era un maltrato y una humillación a las víctimas. Y, desde el luego, no podemos entender la España de hoy sin la España de ayer. Y comprender esta misma España es esencial en los tiempos que corren con las tensiones provocadas por el catalanismo.
Así que debería ser una preocupación el dar un significado concreto y plural, por supuesto, a la memoria de aquellos que fueron víctimas de las iras del vencedor. En La Almudena cayeron miles de inocentes, y también otros no tan inocentes, pero su muerte fue un vil crimen. Desde luego que las fuerzas afines a la república cometieron los suyos y, por supuesto, que debe haber un reconocimiento de estos. Pero no puede darse en paralelo, porque no se puede hacer una equidistancia de este horror o, de lo contrario, no se aprendería nada. El fanatismo y la intransigencia de los grupos que defendieron a su modo el estado no representaban a la república democrática. En cambio, aquellos que impusieron la España de Franco, fueron cómplices de imponer a sangre y fuego un nuevo orden, y no dudaron en querer depurar el solar patrio de liberales, demócratas y demás izquierdas frentepopulistas. Hubo asesinos en sus filas, sí, pero lo que se pretende hoy es visibilizar a aquellas víctimas que el franquismo quiso borrar de la historia.